Armando Méndez M. Expresidente del BCB
En marzo de 2006, Evo Morales dijo: “No es posible que el salario mínimo nacional sea 440 bolivianos. El gabinete económico me dijo vamos a aumentar 50 por ciento; yo no quiero 50 por ciento, quiero 100 por ciento”.
Hoy ya no piensa así. Sigue convencido que se debe decretar un aumento general de salarios ¡si hasta los neoliberales lo hacían! Pero como ya está informado que el Tesoro no tiene los ingresos necesarios para financiar cualquier aumento, sólo puede hacerlo hasta alcanzar hasta un cierto monto.
Si no fuese así, no es que al final se vería obligado a pedir préstamos a los organismos internacionales para pagar los incrementos salariales, porque estos no prestan para pagar salarios, sino que tendría que hacer lo que se hizo en los años 80 del siglo pasado, “imprimir billetes”. En síntesis: destrucción del pequeño aparato productivo, menos empleo formal para la gente, menos bienestar.
Su Gobierno argumenta que no puede aumentar más a los empleados públicos porque de hacerlo tendría que reducir la inversión pública, lo cual es una realidad.
Sin embargo, este mismo criterio no aplica para el sector privado. Por disposición gubernamental decide que todos deben incrementar el salario mínimo en un porcentaje, por lo que el sector privado debería reducir su inversión, y con ello su capacidad de expansión.
Pero como dominantemente el sector privado boliviano se desenvuelve en la informalidad, los aumentos salariales no se cumplen. Sucede que aumenta la informalidad.
La política de los incrementos salariales por decreto es el mejor incentivo para la destrucción del empleo formal y para incrementar la informalidad.
"Como dominantemente el sector privado boliviano se desenvuelve en la informalidad, los aumentos salariales no se cumplen (...) Los políticos difícilmente comprenden que la política no puede modificar las leyes del mercado"
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